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ENTREVISTA A IGNACIO FERNÁNDEZ ALLENDE, PRESIDENTE DE CERMI CANTABRIA
“LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO DE LAS PERSONAS EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA ES UN LOGRO FUNDAMENTAL”
28/05/2021
El presidente de CERMI Cantabria, Ignacio Fernández Allende, es un hombre de leyes, asesor cultural y de propiedad intelectual, centrado en el movimiento del Tercer Sector y más concretamente, como puntualiza, en el de la discapacidad. La pandemia también ha pasado factura a la discapacidad cántabra, pero su esperanza anida en reunir las fuerzas suficientes para ver cumplidas todas las expectativas generadas. Y optimismo no le falta, asegura que visto lo conseguido hasta la fecha y la progresiva evolución del movimiento, lo logrará.
¿Qué le parece ese reciente y loable “logro que ensancha la esfera de los derechos humanos de las personas con discapacidad” y que encarna la aprobación del Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica?
Para el ámbito de la discapacidad es una buena noticia que la legislación española se adecúe a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Quedan todavía muchos pasos por dar, pero esta reforma legal contribuye a dejar atrás la visión más paternalista referida a las personas con discapacidad, y se acerca a una estructura que promociona los apoyos necesarios en la toma de decisiones de la persona.
La Convención obliga a garantizar la igual capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, sin ninguna excepción, y sin sustituir a la propia persona a la hora de decidir sobre los ámbitos que competen a su vida. Me parece un logro fundamental, que no hace sino reforzar unos derechos que tan a menudo se ven vulnerados.
¿Se ha materializado por fin ese gran proyecto del Consejo Autonómico de la Discapacidad como órgano de seguimiento que debía aprobarse en junio de 2019?
Sí, casi dos años después, por fin, desde el 20 de mayo, ya contamos con el Reglamento del Comité Autonómico de personas con discapacidad, el cual antes de tres meses tiene que estar constituido. Será una herramienta para asumir un papel más activo, con más incidencia y velar por el cumplimiento de la Ley de garantía de derechos.
Después de acceder a la presidencia de CERMI Cantabria, y teniendo en consideración las limitaciones que ha ocasionado la presencia del COVID, ¿qué logros y qué vicisitudes ha afrontado ha recorrido la discapacidad cántabra organizada, desde entonces?
Debido a la grave situación sanitaria que estamos atravesando, la prioridad que nos marcamos y hemos conseguido fue el control del virus en las entidades de personas con discapacidad de CERMI Cantabria, y la capacidad de adaptación de las personas a las que apoyamos, sus familias y los profesionales que trabajan con ellas y las acompañan día a día.
De hecho, contuvimos el virus en las estructuras residenciales y viviendas durante el confinamiento, y una vez iniciada la desescalada se ha mantenido una escasa incidencia en las personas y ningún brote en los recursos. El modelo de apoyos que se desarrolla en nuestras entidades posiblemente ha influido en ello de forma significativa.
Hemos volcado muchos esfuerzos a contenerlo y a proteger la salud de las personas trabajando de forma estrecha con el Gobierno de Cantabria. Eso sí, esta situación está impactando enormemente en las relaciones sociales y afectivas, en la participación en la comunidad y en la libertad de las personas, entre otras.
Prueba del éxito de este esfuerzo es el reconocimiento del Gobierno y de la sociedad de Cantabria al otorgar a nuestros profesionales, compartido con el personal sanitario, del más importante galardón de la región: el “Beato de Liébana”.
Un objetivo fijado y cumplido ha sido la reciente publicación de una nueva normativa de centros de atención a personas en situación de dependencia, en la que hemos participado activamente y que, aunque no recoge todas nuestras aportaciones, supone una importante mejora respecto a la anterior, quedando pendiente de publicación una revisión de los precios públicos imprescindible para garantizar la sostenibilidad.
En torno a esta Orden se va a constituir, a instancia de CERMI, un grupo de trabajo entre las entidades y la administración que permita debatir y analizar las cuestiones que se planteen en su aplicación.
Resaltar también que cada vez se tiene más en cuenta al CERMI para participar en órganos consultivos que se van poniendo en marcha como es el Órgano de asesoramiento en materia de Desarrollo Humano Sostenible, el Consejo de Economía Social o el Consejo Económico y Social (CES).
Entre los problemas no resueltos todavía está la financiación del sobrecoste que la pandemia ha ocasionado en nuestros centros. A pesar de que las entidades de iniciativa social estamos asumiendo un papel clave de protección y apoyo de la población con mayores necesidades con un gran esfuerzo humano y de recursos, no están recibiendo ningún tipo de apoyo económico adicional, lo que está teniendo un gran impacto en la sostenibilidad de las entidades que prestan estos servicios, que hacen peligrar su existencia. Es necesario un Plan Extraordinario para abordar las necesidades creadas por el impacto del Covid que cuente con el importante papel del tercer sector.
A propósito de su incorporación hace algo más de un año al Consejo Económico y Social de Cantabria. ¿Qué se ha cosechado en este órgano desde entonces?
Lamentablemente, este Consejo aún no se ha constituido, al acordar en agosto de 2020 el Consejo de Gobierno la suspensión del Decreto de nombramiento de los miembros del Consejo Económico y Social (CES) tras presentar CCOO y UGT un recurso contra dicho decreto, al entender que USO estaba sobrerrepresentado. A día de hoy no se ha resuelto el mencionado recurso y, por tanto, estamos a la espera.
Acaban de organizar, junto a su Gobierno, el curso: “Intervenciones en tentativa de suicidio”, ese tema tabú tan esencial de abordar con la mayor delicadeza y experiencia posibles. Ante los datos de que han aumentado las cifras de avisos por intentos de suicidio en Cantabria durante el año pasado, ¿qué más hacer desde el movimiento organizativo de la discapacidad?
La colaboración con el Gobierno contribuyendo en aspectos formativos es una acción importante que venimos impulsando desde CERMI Cantabria y que hemos continuado a pesar de la pandemia.
Hacemos incidencia para que se refuercen los programas tanto públicos como de iniciativa social para prevenir, detectar y apoyar en situaciones de riesgo. Visibilizamos también la labor de las entidades de CERMI Cantabria en cuanto a este apoyo psicosocial.
Estamos viendo que la pandemia por COVID-19 está afectando muy notablemente a la salud mental de las personas, tanto a aquellas que ya tenían un problema de salud mental previo, como a la población general. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, un 6,4 por ciento de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, siendo el mayor porcentaje un 43,7 por ciento por ansiedad y un 35,5 por ciento por depresión.
Además, el consumo de psicofármacos ha aumentado un 15,4 por ciento y el malestar psicológico creció en España durante el confinamiento un 46 %. Durante la pandemia los pensamientos suicidas se han incrementado entre un 8 por ciento y un 10 por ciento especialmente en personas jóvenes.
A esto se suma que los últimos datos de suicidio publicados el pasado mes de abril por el INE, referidos al año 2019, reflejan un aumento del número de muertes por suicidio en España del 3,7 por ciento. Las personas fallecidas por esta causa fueron 3.671. ¡Son cifras inadmisibles!
Por eso, durante el confinamiento, Ascasam Salud Mental Cantabria ha puesto a disposición de todo el que lo ha necesitado un servicio de atención telefónico, universal y gratuito dirigido por profesionales de la psicología que pronto se vieron desbordados, teniendo que aumentarse el número de ellos.
Además, una de las medidas más urgentes que demandamos es un teléfono público, gratuito y accesible de tres cifras (similar al que existe para la violencia de género) para atender a las personas con conducta suicida y a su entorno. Es necesario también impulsar campañas de sensibilización para acabar con el tabú y estigma del suicidio que facilite a las personas con ideaciones suicidas pedir ayuda.
Desde CERMI Cantabria además de las campañas de sensibilización, prevención y formación dirigidas a los profesionales de distintos ámbitos incluidos los medios de comunicación, a la sociedad en general y al mundo educativo, apoyamos los programas de la unidad de psiquiatría del Hospital Valdecilla, tanto en la prevención de suicidios como en las intervenciones infantojuveniles. También consideramos necesaria la potenciación del servicio de atención psicológica telefónica, imprescindible en el ámbito rural de Cantabria.
La pandemia, como bien ha recordado, además de minar los derechos de las personas con discapacidad con miles de fallecidos, ha provocado un aumento de problemas de salud mental. Nutrido por su procedencia de Ascasam Salud Mental Cantabria, ¿qué está haciendo desde la entidad para minimizar estos daños psicosociales?
En CERMI Cantabria siempre ha estado la salud mental entre sus prioridades y cuando Ascasam Salud Mental Cantabria ha necesitado el apoyo de todo el movimiento asociativo para defender sus reivindicaciones frente al Gobierno Regional, lo ha tenido.
En estos momentos, según la OMS, los problemas de salud mental están entre las tres causas principales de discapacidad y los estudios indican que la depresión ocupará el primer lugar en el año 2030. Por ello se prioriza desde CERMI Cantabria. De hecho, hemos transmitido al Gobierno autonómico que es fundamental fomentar entre todos y todas una sociedad más humana, más empática, menos competitiva y materialista, basada en los cuidados y en la educación emocional, al igual que una mayor inversión económica. La morbilidad que origina las enfermedades mentales en la sanidad pública es de un 20% del total y, sin embargo, la partida económica asignada a estas atenciones no llega al 6%. Ha habido siempre un importantísimo desfase y lo seguirá habiendo, más ahora tras la pandemia que ha surgido un agravamiento.
El periodo entre consultas en las unidades de salud mental de Cantabria oscila entre tres y cuatro meses, excesivamente largo y cuya solución ha sido reiteradamente reivindicado por nosotros.
Los profesionales de nuestros centros están preparados para centrarse en las actitudes para hacer frente a las situaciones difíciles como el estrés, la resolución de conflictos y el manejo de las emociones.
Además, desde CERMI Cantabria apoyamos la iniciativa de CERMI y Salud Mental que en una carta dirigida a varios ministros piden al Gobierno que se oponga al protocolo europeo que permite los internamientos forzosos.
¿En qué punto está la implantación de las medidas incluidas en Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad de Cantabria actualmente?
Su implantación va con mucho retraso. Por poner algún ejemplo, en enero de 2020 el Gobierno de Cantabria debería haber elaborado y remitido al Parlamento un plan estratégico de accesibilidad universal e inclusión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Por este motivo, desde CERMI Cantabria se elaboró y entregó al Gobierno en noviembre de 2019 un manual de necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios e instalaciones de la administración de la comunidad autónoma de Cantabria, que sirviera de referencia para este Plan, pero ya ha pasado más de un año de ese plazo, y ese plan no está presentado en el Parlamento.
¿Cuáles son los objetivos esenciales, inmediatos, imprescindibles que piensa abordar desde CERMI Cantabria hasta el final de su mandato?
El desarrollo efectivo de la Ley de garantía de derechos; el impulso en esta legislatura de una Ley de Accesibilidad en Cantabria, así como contar en Cantabria con una nueva Ley de Derechos y Servicios Sociales de cuarta generación, que impulse y garantice el acceso a los servicios de promoción de la autonomía personal y prestaciones de asistencia personal.
Por otro lado, también la implantación de las medidas incluidas en un informe elaborado por CERMI Cantabria para garantizar el acceso a la Justicia, y trabajar para que la comisión de discapacidad del Parlamento tenga la consideración de permanente legislativa, dado que, actualmente, no está trabajando a pesar de haberse constituido.
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